Buenas tardes
Muchas gracias de nuevo a la Cámara Americana por otra vez arriesgarse a tenerme como orador. Confieso que entendía que mis días de asistir a este importante almuerzo se suscribirían del lado del público y no como orador.
A inicios del primer mandato del Presidente Abinader se me pidió ser parte del Gabinete Eléctrico, posición que con gusto acepté; pero nunca pensé que tendría el reto y el honor de dirigir Punta Catalina, y más luego presidir el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras.
Mi familia y amigos me preguntan porque he vuelto al sector eléctrico y existen dos razones poderosas: primero un gobierno que ha entendido la urgencia de resolver el tema eléctrico en todas sus vertientes, y segundo, quiero que en la medida de mis humildes posibilidades poder decirle a mis hijos y nietos que si quieren un país donde puedan vivir con paz y seguridad, es aportando en este o cualquier otro tema que pueda mejorar las condiciones de vida todos nuestros conciudadanos.
El tema eléctrico es un mar de opiniones, mucho más ahora en la era digital, gobernada por las redes sociales, donde todos de forma vertical podemos opinar y criticar, unas veces con conocimiento del tema, otras simplemente para generar un like y también monetizar. Es una era controversial en la que hasta las mentiras y las fake news son rentables.
Antecedentes necesarios
Para entender el desafío que enfrentamos, es necesario remontarnos a los orígenes de esta crisis. Desde 1999, con la promulgación de la Ley 141-97 de Reforma de la Empresa Pública, el país ha buscado una solución integral para un servicio de energía eléctrica que, por mucho tiempo, ha sido ineficiente, costoso y, en muchos casos, poco confiable.
Hemos sido testigos de un proceso lleno de altibajos: logros que, lamentablemente, no se han consolidado, fracasos que han sido más comunes de lo que quisiéramos admitir, y rupturas que han detenido el progreso cuando parecía que estábamos en el camino correcto. Esta historia de intentos y errores nos ha llevado a un punto en el que, hoy, nos enfrentamos a una bifurcación crítica.
Por un lado, hemos visto cómo el sector de generación eléctrica ha avanzado significativamente. A través de inversiones tanto públicas como privadas, hemos logrado asegurar una oferta eléctrica suficiente, con una matriz diversificada que no solo responde a las necesidades actuales, sino que también nos posiciona como un ejemplo en la región hacia la transición energética. Esto es, sin duda, un logro del que debemos sentirnos orgullosos.
Sin embargo, no podemos ignorar la otra cara de la moneda. Mientras la generación ha avanzado, el sector de distribución se ha quedado rezagado. Este rezago no es solo un problema técnico, sino también un agujero financiero que representa el costo fiscal más alto para todos los dominicanos. Es un problema que afecta a cada ciudadano, a cada negocio, y que, en última instancia, limita nuestro potencial de crecimiento y desarrollo.
Problemas y desafíos
Los problemas que enfrentan las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) no son nuevos, pero su persistencia los ha convertido en una barrera que debemos derribar con urgencia. Quiero ser claro al describir estos desafíos, no para lamentarnos, sino para subrayar la necesidad de un cambio profundo y estructural.
Primero, hablemos de las pérdidas técnicas y comerciales. Las EDE han sido víctimas de un círculo vicioso de ineficiencia y fraude. Actualmente, las pérdidas alcanzan niveles inaceptablemente altos, exacerbadas por el fraude eléctrico, que no solo es un acto ilícito, sino un acto de deslealtad hacia todos los ciudadanos que pagan por el servicio. Estas pérdidas no solo representan una sangría económica, sino que también deterioran la calidad del servicio, generando apagones y fluctuaciones que afectan la vida diaria de millones de dominicanos.
En segundo lugar, a la infraestructura de distribución hay que ponerle mucha atención. La falta de inversión en su modernización ha impedido que las redes estén adecuadamente blindadas contra las conexiones ilegales, y ha limitado nuestra capacidad para expandir y mejorar la calidad del servicio. Este es un problema que no podemos seguir ignorando. Cada día que pasa sin abordar estas deficiencias es un día más en el que comprometemos el futuro energético del país.
Además, es imperativo hablar de la inversión en tecnología. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, nuestras EDE siguen atrapadas en el pasado. La falta de herramientas avanzadas, y de programas que permitan leer y verificar las pérdidas a través de la tele medición del consumo y la expansión del modelo prepago; son ejemplos claros de áreas donde estamos atrasados. Sin estas innovaciones, no solo nos limita nuestra capacidad para gestionar eficientemente el consumo, sino que también se perpetúan las ineficiencias y se incrementan las pérdidas.
Otro desafío crítico es la falta de continuidad en los planes de recuperación de las EDE. Cada nuevo gobierno parece tener su propio enfoque, a menudo ignorando y deshaciendo los pasos positivos que se han dado previamente. Esto ha creado un ambiente de inestabilidad y ha frustrado los esfuerzos de muchos que han intentado, de buena fe, resolver estos problemas.
Quiero subrayar la necesidad de tecnificar las EDE y acabar con la práctica de utilizarlas como botín político. No es un secreto que, durante décadas, estas empresas han sido vistas como un espacio para repartir favores políticos y empleos a personas que, en muchos casos, no están capacitadas para las funciones que se les asignan. Esto no solo afecta la eficiencia operativa, sino que también erosiona la moral de aquellos empleados que sí están comprometidos con su trabajo.
Quiero adherirme a una declaración pública ofrecida recientemente por el presidente Luis Abinader. Cito: “Yo quiero que esté claro que el gobierno no es un botín para repartirlo entre dirigentes políticos. Al gobierno se va a servir y a ayudar a la gente que lo necesita y no se puede justificar con hechos del pasado acciones del presente.” Fin de la cita
Señoras y señores, sé que algunos podrían preguntarse qué se hizo entre 2009 y 2012, cuando estuve al frente del consejo de las EDE, siendo vicepresidente ejecutivo de la CDEEE. La respuesta es clara: durante ese periodo, se lograron avances significativos: las pérdidas de energía se redujeron del 36.2% en el 2009 a un 31.5% en el 2012, clientes facturados en el 2009 1,378,508 a 2,165,529 en el 2012 y el programa bono luz que inicio en el 2010, y ya en 2012 teníamos 463,432 clientes. Esto fue con muy poca inversión en el marco de un acuerdo con el FMI y por primera vez los generadores cobraron a 45 días eliminando las constantes amenazas de dejar de generar por los atrasos en los pagos. Sin pretender ser magos, se puede señores.
¿Y qué ha hecho este Gobierno frente a los desafíos que representa el área de distribución? La respuesta sin titubeos es que la actual administración asumió la dirección del país en medio de una pandemia que obligó a cambiar muchos planes.
En el 2020, era necesario garantizar energía permanente a todos los dominicanos en período de encierro (COVID), para la educación a distancia por medios electrónicos y, luego, para la recuperación de las actividades económicas. Entregar energía sin limitar la demanda como era la costumbre fue, sin dudas, una decisión histórica, aunque con un costo reflejado en un aumento de las pérdidas de las empresas distribuidoras.
Pero, tengo que ser sincero, la decisión de haber eliminado el sistema de gestión de demanda de energía, al suplir toda la demanda para sortear los efectos de la pandemia y acompañar la recuperación económica, debió haber ido acompañado de un plan fuerte de contratación de nuevos clientes. Una actividad que declinó a partir de 2012 y que ahora estamos recuperando.
A pesar de esto, el déficit esperado de las empresas distribuidoras para este año, si lo comparamos con el 2019 que fue de US$1,268 millones de dólares con un petróleo más bajo y limitando a un 84% la oferta de energía es mucho mayor que el esperado para este año de US$1,450 millones de dólares. Esto no quiere decir que estemos conformes.
Para ser justo con las empresas distribuidoras de electricidad, es bueno que hablemos de la estructura del déficit, pues de esos US$1,450 millones de dólares, US$800 millones corresponden al Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE), un subsidio que el Estado ha decidido mantener, que no es totalmente en beneficio de los pobres, sino que todos los que estamos aquí que nos beneficiamos también de ese subsidio.
Y los restantes US$650 millones de dólares son atribuibles a las pérdidas técnicas, al fraude eléctrico y a los problemas de facturación, que se resolverán con inversiones, colocación de medidores de manera masiva y facturando a los 800,000 clientes que hoy servimos electricidad y no facturamos ni cobramos
Respecto a la entrega de energía sin aplicar gestión de demanda, estoy consciente que debemos llegar a un punto de inflexión en este aspecto: las pérdidas no pueden seguir subiendo más y, por el contrario, es una necesidad urgente comenzar a reducirlas de manera gradual, persistente y disciplinada. Es decir, facturando y cobrando.
Señoras y señores, como antecedente no debo dejar fuera de esta presentación la evidencia de que el Gabinete Eléctrico ha tenido logros innegables, como la contratación de energía de corto plazo de las generadoras SIBA y Karpowership, sumando 400 MW al parque de generación; las licitaciones de 2,000 megavatios (MW) de energía térmica que entrarán en operación entre 2025 y 2028, eliminando de nuestro parque de generación plantas altamente costosas y asegurando suplir energía las 24 horas.
No menos importante ha sido la eliminación de la antigua CDEEE, un paso importante para la consolidación del sector eléctrico en cumplimiento con la Ley General de Electricidad de 2001 125-01, y la creación del Consejo Unificado que, sin dejar de reconocer rezagos y falta de coordinación en su momento, impulsa una gestión centrada en la coordinación y la planificación, especialmente en lo que concierne al seguimiento de los presupuestos, planes de compra y buen orden corporativo de las EDE para evitar atrasos y costos que afecten el buen desenvolvimiento del sector.
La eliminación de la vieja practica de instituciones no cortables transparentó el pago de todas las instituciones gubernamentales que no sólo afectaba el cobro, era un incentivo para consumir energía sin límites. Hoy solo algunos ayuntamientos y acueductos permanecen en nuestra lista de clientes morosos.
En 2019, las fuentes renovables representaron un 11.3%, mientras que, en el 2024, representaron el 22% de la capacidad instalada.
En 2024, el país ha continuado avanzando en la transición energética incentivando la instalación de mayor capacidad de energías renovables. Actualmente, contamos con una capacidad instalada de aproximadamente 1,504 megavatios (MW) de energías renovables. Esto incluye proyectos solares, eólicos y de biomasa.
Nuestro plan de acción
El camino hacia la solución no será fácil, pero es lograble. Quiero compartir con ustedes el plan de acciones concretas que hemos delineado junto con el Gabinete Eléctrico y con el apoyo incondicional del presidente Luis Abinader. Este plan se basa en pilares fundamentales como la estructura organizacional de las empresas, eficiencia, modernización, inversiones y transparencia.
En los próximos dos años, nos enfocaremos en organizar a EDESUR, EDENORTE y EDEESTE para sentar las bases de una gestión más eficiente. Una vez lograda esta organización, convocaremos a una licitación para la operación y mantenimiento por parte del sector privado. Quiero dejar claro que esto no es una enajenación de activos ni una venta parcial.
Las empresas seguirán siendo propiedad del Estado, y las firmas privadas que ganen la licitación deberán asegurar resultados para poder permanecer en el negocio y entre esos resultados está, como eje principal, la reducción de pérdidas y un servicio eficaz, un objetivo en el que estamos trabajando.
Hemos logrado reconquistar la confianza en el financiamiento por los organismos multilaterales de crédito, de los cuales tenemos ya asegurados desembolsos por alrededor de 650 millones de dólares, que permitirán la rehabilitación de redes, la ampliación de la infraestructura de tele medición y la electrificación de lugares donde hay que captar clientes.
Mucho de esto será posible con importantes financiamientos de la banca multilateral. Para EDESUR está aprobado un préstamo de US$155 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la adquisición de subestaciones, del Fondo OPEP para el Desarrollo US$120 millones para subestaciones de EDENORTE y EDEESTE, US$75 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para rehabilitación de redes de las tres EDE, US$39 millones del BID y US$36 millones de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) aprobado en el 2018, y aún pendiente de ejecutar, para alumbrado público y por último, y no menos importante US$225 millones del Banco Mundial para rehabilitación de redes y el cambio de nuestro sistema comercial, que es difícil creer que data de 1999 el mismo con ciertas mejoras que dejara Unión Fenosa.
La eficiencia no es solo una palabra, es una necesidad. Nos proponemos reducir el déficit de las EDE de un 38% promedio en el día de hoy, a un 27% promedio para el 2027. EDENORTE de un 26% a un 20%, EDESUR de un 32% a un 20% y EDEESTE de un 56% a un 41%, un objetivo ambicioso pero alcanzable y esto debe incluir el pago de las alcaldías, alumbrado público y acueductos.
Además, haremos un esfuerzo significativo para acercar las EDE a los clientes, no sólo mejorando la calidad del servicio, sino también facilitando su acceso y conveniencia a través de instalaciones como cajeros automáticos multiservicios.
La modernización de nuestras EDE es esencial para su sostenibilidad a largo plazo. En este sentido, nos enfocaremos en la ampliación y mejora de la tele medición, así como en la instalación masiva de medidores pre-pago. Estas tecnologías nos permitirán no sólo mejorar la eficiencia, sino también reducir el fraude eléctrico.
Hablando de fraude, es crucial destacar que hemos desatado una guerra sin cuartel contra este flagelo, pero necesitamos que el Ministerio Público recupere la esencia y el rol de la Procuraduría General del Sistema Eléctrico (PEGASE), y aseguraremos que el consumo fraudulento de energía sea castigado con la dureza que merece.
Hace pocos días sostuve una conversación con la señora Procuradora General de la República, quien coincidió conmigo sobre la frustración que representa la virtual desaparición del PEGASE que, junto con la falta de acción de las empresas distribuidoras, ha hecho que se pierda el miedo al fraude, un fenómeno responsable de gran parte del déficit que todos criticamos.
Es importante diferenciar entre el fraude eléctrico y la morosidad. Mientras que el fraude es un delito que debe ser castigado judicialmente, la morosidad es un problema que debe ser abordado con firmeza, pero con soluciones prácticas: o se paga, o se corta.
Señoras y señores, la transparencia será el eje transversal de todas nuestras acciones. Estableceremos un manual de compra y contrataciones para las EDE, garantizando que cada proceso sea claro y accesible para todos los interesados. Además, se presentarán informes públicos trimestralmente sobre el estado de las EDE a través del Consejo Económico y Social (CES), asegurando que toda la ciudadanía esté informada sobre nuestros avances.
Una de las áreas más críticas de nuestra agenda es la transformación interna de las EDE. Debemos asegurarnos de que las personas que ocupan cargos de liderazgo en estas empresas estén allí por su capacidad y probidad, no por conexiones políticas. Designaremos gerentes y directores que estén verdaderamente comprometidos con la misión de estas empresas.
La transparencia, más que un eslogan
La transparencia no será solo un eslogan en nuestra gestión. Cada acción, cada decisión, estará sujeta al escrutinio público. Queremos que todos los actores involucrados en el sector eléctrico, desde los proveedores hasta los consumidores, sepan que estamos trabajando con integridad y responsabilidad.
Reforzaremos los equipos de auditoría interna, actualizaremos y, si es necesario, someteremos la modificación de los estatutos de las EDE para que reflejen los principios de gobernanza moderna y eficiente. Esta actualización no es solo un formalismo; es una medida necesaria para garantizar que las empresas funcionen con la transparencia y eficiencia que los tiempos actuales demandan, hoy y en el futuro.
Además, solicitaremos a la Superintendencia de Electricidad (SIE) la publicación mensual del Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE). Esto permitirá a todos los ciudadanos, así como a los interesados en el sector conocer cuanto subsidia el gobierno a los consumidores
Un aspecto adicional que no podemos ignorar es la contaminación visual que generan en nuestras ciudades los cables eléctricos y de telecomunicaciones. En coordinación con el INDOTEL y las Alcaldías, trabajamos para reducir esta contaminación y organizar mejor las redes de distribución, mejorando así no solo la eficiencia del servicio, sino también la calidad de vida en nuestras ciudades.
Buscaremos también una ley transitoria que impida que las EDE sean embargadas, protegiéndolas de acciones de “mafias estructuradas” que buscan socavar el trabajo que estamos realizando. Esta ley será fundamental para asegurar la continuidad de nuestras reformas sin interferencias externas.
Hemos pedido al Presidente Luis Abinader la promulgación de un decreto para que en un plazo determinado todos los empleados del sector público presenten sus facturas de energía y como desaprovechar este excelente escenario para pedir al AMCHAMDR, al CONEP y todas sus asociaciones afiliadas que hagan los mismo.
Para resolver la crisis del sector de distribución eléctrica, necesitamos un compromiso compartido. No basta con que el gobierno y la gestión de las EDE hagan su parte; también es fundamental que los clientes asuman su responsabilidad. Esto significa pagar por el servicio que reciben y denunciar el fraude eléctrico cuando lo vean. La mejora del sistema no se logrará con soluciones mágicas; se logrará con el esfuerzo conjunto, con buenas prácticas, administraciones eficientes, y clientes responsables.
Reconozco que la veeduría y las críticas ciudadanas son herramientas valiosas para mejorar nuestra gestión. Estamos abiertos a escuchar y a corregir cuando sea necesario. Sin embargo, también quiero dejar en claro que los ataques provenientes de aquellos que buscan contratos indebidos, concesiones injustificadas o “botellas” no nos desviarán de nuestro camino. Las empresas distribuidoras de electricidad no son centros de financiamiento de negocios de terceros; son instituciones al servicio de todos los dominicanos, y así es como deben operar.
Amigos de AMCHAMDR, funcionarios, empresarios, amigos de la prensa, quiero agradecerles por la oportunidad de compartir con ustedes esta visión y este plan. Sé que cuento con su apoyo y con su compromiso para hacer de este proyecto una realidad. Hoy, más que nunca, necesitamos unirnos como país para superar este desafío histórico. La crisis de las EDE no es solo un problema técnico; es un reto que afecta a nuestra economía, a nuestra sociedad y, en última instancia, a nuestro futuro.
No tengo dudas de que, si trabajamos juntos, si nos mantenemos firmes en nuestra determinación y comprometidos con la excelencia, podemos transformar nuestras empresas distribuidoras de electricidad en verdaderos motores de desarrollo.
No podemos terminar sin agradecer a nuestro Consejo de Directores, al FONPER, a nuestros gerentes, directores, a todo y cada uno de nuestros colaboradores, que en nuestras manos está el presente y el futuro de empresas que tienen que dejar de ser objeto de críticas para pasar a ser admiradas y respetadas.
Siempre recuerdo esta frase de Franklin D. Roosevelt: “De lo único que debemos tener miedo es del propio miedo’’.
Juntos, lograremos que la República Dominicana tenga un sistema de distribución eléctrica eficiente, confiable y justo para todos. Este es nuestro momento, y no lo dejaremos pasar.
Muchísimas gracias.
